La decisión ha sido tomada por los órganos competentes de las distintas comunidades autónomas, a raíz de una misiva enviada por la directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Esperanza Orellana, en la que confirmaba que el director general de Medioambiente de la Comisión Europea, Nicola Notaro, había remitido una carta al Gobierno de España en la que comunicaba que, basándose en los estudios científicos realizados y a pesar de que la decisión sobre la prohibición de la caza corresponde exclusivamente a los estados miembros, lo más conveniente sería que cada Gobierno instara a las comunidades autónomas a terminar con la caza de la tórtola europea (Streptopelia turtur)

En España solo quedaban dos comunidades autónomas que insistían en desviarse de las recomendaciones emitidas desde Europa. Extremadura y Castilla y León, pese a todos los estudios y lógicas, seguían introduciendo esta especie en sus órdenes de veda, eso sí, con un cupo, considerado por ellos, pequeño. Esta noticia pone, además, fin a la situación que se vive en Cataluña, donde el Tribunal Superior de Justicia admitió a trámite un recurso interpuesto por la Federación de aquella autonomía contra la prohibición de esta ave durante la media veda 2021. El presidente de dicha entidad ha reconocido a medios afines que esta recomendación, emitida desde Europa, pone fin a sus esperanzas de seguir matando tórtolas, ya que en el caso de que prospere su recurso y sea reintroducida en la orden de veda, su cupo sería de cero.

La demanda popular, conservacionista y científica de poner a la tortola europea a salvo del plomo se ha visto cumplimentada.

Sin embargo, el presidente de la Federación de Caza de Extremadura, José María Gallardo, no da su brazo a torcer y ha presentado un recurso administrativo, basándolo en que este año, y siempre según sus censos, la tórtola europea ha subido ligeramente su presencia y cuenta con el número más amplio de ejemplares registrado desde 2014.

La población española ha descendido un 25% en los últimos 20 años. En el mismo periodo, se calcula que la población total lo ha hecho entre el 50 y 70%.

Recordemos que a España, al igual que a Francia, ya se le abrió un expediente sancionador cuando en julio de 2019 comenzaron los procesos por el incumplimiento de los artículos 3, 4 y 7 de la Directiva de Aves. Estos artículos obligan a los Estados miembros a mantener los niveles de población de las especies de aves, especialmente de las migratorias, asegurándose de que exista suficiente diversidad de hábitats, tanto dentro como fuera de los espacios protegidos. Además, los Estados miembros también tienen la obligación de garantizar que la caza de cualquier especie de ave no ponga en peligro los esfuerzos de conservación.

Pese a la alegría que pueda suscitar esta noticia, lo cierto es que no se trata de una prohibición total, sino de una moratoria, que podría ser revisable año a año, dependiendo de los informes de los técnicos. En principio, nada parece indicar que una decisión así, siguiendo instrucciones directas y precisas de la Dirección General de Medioambiente de la Comisión Europea y avalada por todos los informes técnicos posibles, tenga marcha atrás. Sin embargo, el sector cinegético deposita su confianza en ello y en que un futuro Gobierno del Estado, de otro color, menos afín a la disciplina europea y con menos sensibilidad hacia la conservación de la fauna, pueda abrir cupos con razones peregrinas.