La durísima temporada de incendios forestales que están padeciendo España, Portugal y Francia está movilizando a la opinión pública. Las recientes declaraciones de Carlos Suarez-Quiñones, Consejero de medio ambiente de la comunidad de Castilla y León, no han hecho sino avivar las llamas dialécticas que ya devoraban las redes sociales. De sus respuestas a la SER y de la información vertida por los medios de comunicación se extrae que las causas de este empeoramiento se deben a la despoblación, a la política de protección de los espacios naturales y al cese de actividades del primer sector de producción agroganadera, entre otros factores. Toda la crítica parece centrarse en los planteamientos ecologistas y conservacionistas y en la demonización de la mal llamada maleza, que no es sino el monte bajo y, especialmente, el sotobosque. Frente a esta corriente de pensamiento aparentemente única, surgen voces de profesionales del medio ambiente que llaman a la reflexión y al estudio de los datos históricos. En este artículo, Juan Miguel de la Fuente, técnico ambiental, especialista en seguimiento de fauna (Pandion Estudios de Fauna y Medio Ambiente) y autor del libro monográfico El Gallipato (Pleurodeles waltl) tratará de contestar a las numerosas cuestiones que se plantean al respecto, analizando los datos oficiales de los que se dispone.
¿Arde el monte debido a la despoblación rural?
Contrariamente a lo esbozado por los medios de comunicación no especializados, la disminución de habitantes del medio rural no está ligada al aumento de la superficie perdida por el fuego. En una contraposición de datos, podemos ver que en 1985 el pico histórico de superficie incinerada, desde que existen datos fiables, con 484.474 hectáreas quemadas, se dio cuando la población rural aún era el 26% de la población total. A partir de ese momento hay un evidente descenso en el número de hectáreas quemadas (salvo años puntuales), como las menos de 24.000 hectáreas del año 2018, coincidiendo con un censo de la población rural más bajo, situándose por debajo del 20% de los habitantes de España. Si analizamos estos datos, nos damos cuenta de que la superficie arrasada por el fuego disminuye a lo largo de la historia, al mismo tiempo que crece la despoblación rural. No parece, por lo tanto, que tenga alguna relación con el aumento de superficie quemada. Incluso, podría parecer lo contrario. Según datos del MITECO, en la década de los 80 el número de grandes incendios forestales fue más del doble que las dos siguientes décadas.
Por supuesto que los medios contra el fuego han cambiado mucho en estas décadas. Equipos, vehículos y conocimiento han evolucionado mucho. Y el músculo, potencia y profesionalidad, que puntualmente ofrece la Unidad Militar de Emergencia (UME) también ha de ser tenido en cuenta respecto a las estadísticas, desde que este cuerpo se fundó en 2006, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, la implementación de sistemas digitales y satelitales, así como otros medios de vigilancia y lucha activa, como drones, han ayudado a que las cifras aterradoras de la devastación de los incendios de los años 80 hayan disminuido drásticamente. Pero aceptar esta idea, desmonta aún más el concepto creado de que el fuego cabalga a lomos de la despoblación.
¿Arde el monte porque no dejan pastorear?
Basta con darse una vuelta por el monte para ver que se puede pastorear. De hecho, no solo no está prohibido, sino que recibe ayudas directas e indirectas de la Unión Europea, el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas. Además, estamos viendo incendios forestales de grandes dimensiones en Ávila, provincia que reúne el 85% de la trashumancia de todo el país, o en Málaga, que es el territorio español con el mayor censo de cabras domésticas. De hecho, es en el noroeste ibérico -la zona más afectada por incendios de manera recurrente y de manera histórica- donde se concentra la mayor parte de la ganadería extensiva. Una vez más, los datos y estadísticas confirman esta realidad. Si miramos las causas de los incendios forestales intencionados, vemos que los relacionados directamente con el pastoreo suponen casi un 30%, solo por detrás de la quema agrícola ilegal.
La ganadería tradicional no es, por supuesto, un agente incendiario sistemático. Lo es la gestión que hacen de los recursos naturales un número indeterminado de ganaderos y la costumbre tradicional de dar fuego al monte bajo – e incluso bosques- con el fin de obtener espacios abiertos, facilitando así las labores de pastoreo. Al respecto, ya el Ingeniero de Montes Santiago Pérez Argemí arranca el VIII capítulo de su libro Las Hurdes, escrito en 1921, con esta contundente frase: “No puede ser más deplorable el aspecto que nos ofrece las montañas hurdanas. La codicia e ignorancia de los pastores han destruido la riqueza forestal, quemando los árboles dejando limpias las superficies carbonizadas (…) las llamas que destruyeron las semillas han consumido las raíces que aprisionaban la tierra, han quemado el manjar de las abejas y han abierto paso al pedregal, que avanza como ola de muerte sobre la yerba destrozada”.
¿Arde el monte por las leyes de los ecologistas?
Desde los años 90, coincidiendo con el aumento de la conciencia sobre la conservación del medio ambiente, la profesionalización del sector y la renovación de leyes redactadas, cuando la gestión solo se centraba en el rendimiento económico y no en el conocimiento científico, la superficie forestal ha aumentado casi un 10% en España. Contrariamente a lo dicho frecuentemente en medios de comunicación y redes sociales, las gráficas indican, que, aun habiendo aumentado la masa forestal, el total de la superficie quemada ha disminuido en un 50%. La ampliación de esos espacios forestales y la disminución del impacto de los fuegos está directamente relacionada con las leyes de protección, conservación y gestión de los recursos naturales.
Estas leyes, que generalmente son atribuidas a los ecologistas, como si estos fueran una entidad con capacidad legislativa, han sido escritas e implementadas por los sucesivos gobiernos estatales. Estos gobiernos, de uno u otro signo y en mayor o menor medida, han ido aceptando que la defensa del medio natural es fundamental. La protección de los ecosistemas, la defensa de la biodiversidad y el cambio climático están, sin duda, sobre la mesa de los consejos de ministros desde hace décadas. Pero son los gobiernos autonómicos, en muchos casos, los responsables en ciertas materias medio ambientales que inciden directamente sobre el tema que tratamos. Es el caso de los dispositivos antiincendios, la delimitación de zonas de pastoreo o las autorizaciones para la gestión de los recursos. Y para quitar toda duda sobre el origen ecologista de las mencionadas leyes, basta recordar que son gobiernos autonómicos como el Castilla y León o el de Asturias, que se manifiestan públicamente a favor de cazar especies estrictamente protegidas o en contra de los Parques Nacionales, los que regulan sus espacios naturales y que no se les puede tachar de ecologistas.
Como se aprecia en la gráfica, casi el 70% de los incendios intencionados son provocados por la quema para regeneración de pastos y las quemas ilegales agrícolas. Ambas prácticas prohibidas por leyes creadas para evitar los incendios forestales. ¿Son estas las leyes de los ecologistas?
¿Arden los bosques porque no se limpian?
No: arden porque se les prende fuego. Los incendios naturales por rayos suponen tan solo un 4% de los incendios totales. El resto se podría evitar con más vigilancia, sanciones más duras y leyes que prohíban pastorear, construir, cultivar o cazar durante décadas en zonas quemadas para evitar la especulación posterior al siniestro.
Esto no quiere decir que no haya que limpiarlo. Si hay cartuchos, restos de plástico de la agricultura o cualquier otro tipo de basura hay que limpiarlo y denunciarlo a las administraciones. Pero el matorral y el sotobosque, lo que el desconocimiento hace que se le llame maleza, forman parte del bosque. Son parte de la biodiversidad y de ella dependen un sinfín de especies de animales y vegetales. Eliminarlo sistemáticamente para que no se queme, sería como eliminar los árboles para que no se quemasen. Más bien habría que protegerlo.
¿Los cazadores son los primeros que apagan los fuegos? ¿Antes se gestionaba mejor? ¿Hay suficientes medios?
Preguntas como estas y otras muchas más, lanzadas como afirmación, son las que estos días aparecen continuamente en los medios. En ocasiones, son ideas repetidas, como mantras tradicionales, transmitidos de unos a otros y en los últimos tiempos amplificadas por las redes sociales. Son parte de ese cúmulo de verdades dogmáticas que dominan el conocimiento tradicional de lo rural. No podemos solucionarlas todas, pero algunas se contestan por sí solas. Los que apagan los fuegos son los bomberos. Si hay un incendio y te acercas a ayudar, no te lo van a permitir. Es un trabajo de profesionales. No obstante, se da por hecho que, cualquier ciudadano que vea un fuego hará lo que esté en su mano, independientemente de su hobby. Tampoco se debe llevar agua ni comida a los animales después de un incendio. Los supervivientes buscarán nuevas zonas, pero si se les ceba, no se marcharán y evitarán la regeneración de la superficie calcinada. El buenismo y la visión Disney de algunos colectivos es perjudicial para el medio ambiente en general, por lo que la gestión debe estar en manos de profesionales, con formación y sin intereses económicos.
Antiguamente la gestión se basaba en el rendimiento económico, por lo que se plantaban monocultivos, en muchos casos de especies pirófitas, a lo que llamaban bosque y que son los que se queman sin control en la actualidad. La evolución de los conocimientos sobre el medio ambiente está haciendo que, poco a poco, se camine hacia una gestión forestal sostenible, realizada por profesionales, que sirva para que el número de hectáreas quemadas siga descendiendo, la masa forestal crezca y se vayan reconvirtiendo los monocultivos en bosques de verdad, donde la biodiversidad sea la que esquive los incendios de forma natural, gracias a los cambios en la vegetación, que evitan que se propague el fuego.
En todo lo anterior, lo más importante son los medios de los que disponemos para seguir luchando contra los incendios. Hace falta más vigilancia, más sanciones y más duras, más profesionalización e investigación y, sobre todo, que se empiece a dar a los bomberos forestales el valor que se merecen. No consiste en abrir los telediarios diciendo que son héroes, sino con sueldos y contratos dignos, formación y medios materiales para hacer su trabajo con todas las garantías de seguridad.
Quedan muchas cuestiones y temas en el tintero, como la propiedad privada, que en muchas ocasiones impide la gestión correcta de la zona, el acceso a los dispositivos antiincendios o que los animales escapen del fuego. Se necesitan mayor número de torres de vigilancia antiincendios ocupadas por personal permanente en temporada alta, caminos y pistas practicables y mantenidos durante todo el año, que permitan el acceso adecuado en caso necesario. También acabar con la descoordinación entre comunidades autónomas a la hora de aplicar protocolos o dispositivos. Y, finalmente, que la realidad medioambiental que nos ha tocado vivir esté presente en las mesas de todos los políticos a la hora de tomar decisiones.
